Porque lo escrito no sólo está en el papel

Fb.
Image Alt

Palabra Digital

Gestación subrogada: Un nuevo debate legal y social

En noviembre de 2018, la Secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley General de Salud. Buscaba incluir la figura de la Reproducción Humana Asistida y, con ella, la gestación subrogada. 

Por: Fernanda Silverio

A partir de ahora, los estados podrán decidir entre regular los términos económicos de la gestación subrogada o dejar que las partes involucradas lo determinen. Así lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación a principios del mes de junio, emblemático por reflexionar y luchar por los derechos de la comunidad LGBTTIQ+.

El derecho humano y universal a fundar una familia abre la posibilidad de no reducirse únicamente a la reproducción tradicional. Según la  Organización Mundial de la Salud (OMS), dentro de las técnicas de reproducción asistida está la gestación subrogada o alquiler de vientres. Una práctica que cuenta con un reconocimiento por la práctica social pero no por el derecho mexicano. Hasta ahora…

ANATOMÍA DE LA GESTACIÓN SUBROGADA

De acuerdo con especialistas legales con formación en la victimización por la que pasan las mujeres en materia de reproducción asistida, uno de los grandes problemas de esta práctica, es que no existe una uniformidad legal en el mundo.

Existen países donde está regulada y otros donde es inconcebible. En el caso específico de México, los estados de Tabasco y Sinaloa son los únicos que sí lo tienen contemplado en su legislación local.

Los vacíos legales que pueden existir en lugares como nuestro país derivan en problemas de salud pública y en la inseguridad para las mujeres a las que se les paga para gestar al hijo de otra persona. 

Se trata justamente de un asunto de violencia, social, económica y hasta institucional.

LA DISCRIMINACIÓN QUE SE ESCONDE EN LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Hay quién dice que es un derecho humano, hay quién dice que no. Por ejemplo, el artículo cuarto de la Constitución menciona que todos tenemos el derecho de decidir de  manera libre o responsable el número de hijos y de esparcimiento de ellos que debemos tener.

El derecho no limita ni obliga o no a tener hijos, sin embargo, no ahonda más. Las leyes reglamentarias de ese artículo tampoco mencionan una permisión para parejas del mismo sexo, lo cual es una manera de discriminación. 

Por otro lado, los estados de Tabasco y Sinaloa, especifican que las parejas que accedan a la asociación subrogada  tienen que ser parejas heterosexuales, discriminando a las parejas del mismo sexo.

LA POSTURA DE LOS COLECTIVOS FEMINISTAS

Ante el anuncio de la discusión de su posible legalización a nivel federal, varios colectivos feministas mostraron su indignación. El Frente Nacional Feminista, el colectivo SIFA y varios más protestaron a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La maternidad subrogada constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres, puesto que se basa en la ausencia de un consentimiento informado, en la imposición del control de los cuerpos de las mujeres gestantes con tratamientos hormonales invasivos que representan severos riesgos para su salud y la de los niños y niñas nacidas por esta vía.

Para estas corrientes feministas, cualquier mercantilización del cuerpo femenino en beneficio de mayorías “privilegiadas” es motivo de descontento.

UN NEGOCIO MILLONARIO

Algo que sustenta esta idea se vio reflejado en el reporte realizado por el Centro de Investigación Early Institute en 2014 sobre la explotación de las mujeres, donde se descubrió que una pareja solicitante invierte entre 735 mil y 2 millones de pesos por cada proceso de gestación subrogada. 

Esta cifra abarca tanto los gastos inherentes a el tratamiento, el proceso de embarazo y, en ocasiones, el pago que se les hace a las mujeres gestantes, a las que se les deben colocar más de tres embriones para elevar las posibilidades de embarazo. 

Y SI NO SE LEGISLA, ¿EXISTEN RIESGOS?

En lugares como la Ciudad de México, aún no están reguladas estas técnicas de reproducción. Sin embargo,  en el Código Penal local sí se menciona el abandono de menores.

Esto significa que la persona estaría expuesta a que un tercero la denuncie, lo que las obliga la clandestinidad. 

El caso de mujeres que viven en condiciones de extrema pobreza y a las que sus patrones le ofrecen este tipo de “contratos” es bastante común. Por lo que en el momento en el que alguien denuncian la situación por intentar ayudar a estas madres gestantes resulta bastante perjudicial para ellas.

¿VÍCTIMAS DE QUIÉN?

En 2017 el DIF buscó y ejerció presión en un grupo de madres gestantes de Tabasco. Los padres intencionales eran extranjeros por lo que fue difícil hacerlos responder por sus actos. Este es un claro ejemplo de cómo estas personas son víctimas y no cómplices de un delito.

El 90% de los casos, en el Estado mexicano, son mujeres con bajo nivel educativo .

Desde la victimología, son víctimas no sólo de la persona que las “alquiló”, sino de la sociedad que creó esas condiciones de vulnerabilidad para que ellas no tengan otra alternativa más que subrogar su vientre para salir adelante.

Ese tipo de casos requieren de un peritaje con perspectiva de género y victimológico. Es fundamental para contemplar la vulnerabilidad de la persona gestante.

También te puede interesar:

Violencia de género y el crimen organizado: Palabra Digital

Post a Comment

You don't have permission to register