César y Rafael son una pareja de gays que viven juntos.  Ambos piensan que su relación es completamente normal a las heterosexuales: comparten los gastos de la casa, en ocasiones llegan a tener diferencias, aprenden uno del otro y comparten sus vidas día a día. Cada año asisten a las marchas gay que se organizan desde hace tres décadas en el Distrito Federal  y en las que  los homosexuales buscan hacerse escuchar. A través de ellas han pedido que  se acabe con la discriminación y los prejuicios que hay hacia ellos para dar lugar al respeto y el reconocimiento de sus derechos.

El 21 de diciembre del 2009, la Asamblea Legislativa aprobó las reformas a los artículos 146 y 391 del Código Civil capitalino que permitirá los matrimonios entre parejas del mismo sexo y la posibilidad de adoptar.

Las reacciones en contra no se hicieron esperar y el mismo día en que se avalaron las reformas,  el Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México dijo que le pediría al Gobierno del Distrito Federal que las vetara, se sumaron la Procuraduría General de la República y Provida.

Para los detractores la Ley de Sociedad de convivencia, existente desde el 2007, fue creada con el fin de reconocer la unión de las parejas homosexuales y proteger sus derechos y obligaciones, mismos que cubrirá el matrimonio gay. En cuanto a las adopciones dijeron que no se está poniendo atención al interés superior de los niños pues podrían sufrir discriminación y tener problemas emocionales. Lo anterior, según la PGR, se aparta del fin constitucional de protección de la familia expresado por el Poder Constituyente Permanente en 1974, por lo que presentó  una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  Tras ser aceptada, cinco estados panistas impugnaron los matrimonios gay, pero no trascendieron al considerar la SCJN que no pueden oponerse a leyes aprobadas en otros estados.

Por otro lado, el Gobierno del Distrito Federal y la ALDF presentaron a la SCJN los datos de estudios realizados por la Secretaría de Salud federal, el DIF Nacional y la UNAM para defender los matrimonios gays y la posibilidad de adoptar. Así, buscan demostrar los diferentes tipos de familias que existen en el país y que, al igual que las familias “normales”, deben ser reconocidas y protegidas por la Constitución.  La CDHDF apoya la causa.

También el  DIF-DF se pronunció a favor de la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo y, como los heterosexuales, deberán cumplir con todos los requisitos y hacer los estudios correspondientes para demostrar que pueden criar a un niño.

Las reformas que permitirán el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de adoptar entrarán en vigor a partir del 4 de marzo del 2010 y ya se organiza una boda masiva para el 20 del mismo mes.

Las primeras bodas gay en el Distrito Federal, se llevaron a cabo el jueves 11 de marzo al mediodía en el antiguo Palacio del Ayuntamiento.

El director general del Registro Civil de la Ciudad de México, Hegel Cortés Miranda, presidió el matrimonio de cuatro parejas homosexuales, aunque se tenía previsto que fueran cinco. También se contó con la presencia de  los titulares de los tres poderes del gobierno local: el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón; la presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Alejandra Barrales Magdaleno y el presidente del Tribunal de Justicia capitalino, Edgar Elías Azar.

En lo sucesivo, los homosexuales como cualquier pareja sólo podrán contraer matrimonio y adoptar si demuestran que cuentan con domicilio en la Ciudad de México. Lo último, forma parte de los requisitos que establece el  artículo 70 del Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal.

Los matrimonios gays y adopciones podrán ser efectuados mientras la Suprema Corte emita una resolución a la controversia, lo cual podría tardar incluso un año.  

Mientras tanto para asegurar las prestaciones laborales para las parejas del mismo sexo jurídicamente reconocidas mediante la ley de convivencia o el matrimonio gay, legisladores del PRI y del PRD promueven reformas a  las leyes del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS)  en la Comisión de Seguridad Social a cargo de Israel Madrigal Ceja (PRD). La iniciativa, que busca garantizar el servicio médico, de guardería y la pensión de viudez,  la presentaron la perredista Enoé Uranga y el priista Rubén Moreira.